Categoría: Empresa

Si tomamos en cuenta la importancia del sector turístico en la economía española, con la gran incidencia de microempresas y las previsiones que se exponen sobre cómo va a ser la vida cuando se levante el estado de alarma (prohibición de apertura, limitación de aforo, etc…). Desde la humildad creemos que los Poderes Públicos deberían adoptar una serie de medidas para evitar que esta pandemia se convierta en una destrucción masiva de empresas, destrucción del tejido productivo y consiguiente aumento brutal del paro.

Actualmente tenemos todo el sector de la hostelería y de los espectáculos totalmente paralizado y en una situación de total incertidumbre, dichas empresas, aunque no tengan que pagar salarios ni seguridad social (si han tramitado con éxito un ERTE por fuerza mayor), posiblemente tienen que atender suministros, alquileres y préstamos bancarios, mientras no ingresan, lo que traducido a un año, no se puede solucionar sólo con préstamos blandos subvencionados para atender los pagos (que es lo que se está proponiendo ahora).

Si seguimos así, el resultado va a ser el mismo que en 2008, los titulares de los negocios se endeudarán más, los bancos exigirán el pago de los créditos e irán agravando las condiciones y afianzamientos en cada acuerdo de refinanciación, hasta que finalmente, suprimido el fondo de maniobra de las empresas por la asfixia financiera propiciada por los bancos, en los tres años siguientes veremos una sucesión de concursos que normalmente acabarán en liquidación, ante la imposibilidad de atender los pagos. Los bancos habrán obtenido previamente el afianzamiento por parte de las personas físicas, en los créditos a las empresas, de tal forma que se van a negar a votar a favor de los convenios.

El estado tiene la posibilidad de impedirlo de una forma muy sencilla: 

1. Estableciendo una carencia automática de todos los créditos bancarios de las empresas de los sectores paralizados, esto supondría que durante este período sólo habría que hacer frente a intereses y no a los pagos de capital, de tal forma que la necesidad mensual de liquidez de las empresas se vería reducida durante el período en que no puedan trabajar.
2. La anterior medida se podría complementar con un fraccionamiento de los intereses devengados durante el período de carencia durante varios años.Estas medidas no supondrían pérdidas para la banca, cuyo beneficio es precisamente el cobro de intereses y no la recuperación del capital.
3. Estableciendo una suspensión automática del pago de los contratos de leasing y renting financiero en los sectores paralizados, es obvio que los bienes no pueden ser usados mientras las empresas están paradas; las mensualidades (alquileres) correspondientes al período de paralización se distribuirían en el resto de la duración pendiente del contrato.

Creemos que es hora de que las entidades financieras devuelvan parte del rescate bancario, y lo que aquí se propone no supondría afectación significativa a su cuenta de resultados.

Esto debería venir acompañado de normativa fiscal que bonificase a los arrendadores que concediesen carencias a los negocios paralizados, de tal forma que aquel arrendador que no cobrase la renta, no sólo no tendría problema para justificarlo ante la Agencia Tributaria, sino que recibiría una bonificación porcentual en el IRPF o en el impuesto de Sociedades por colaborar en el mantenimiento de la estructura productiva.

Seguro que hay más medidas que se podrían adoptar y mejores que las que a nosotros se nos ocurren; no obstante, hasta ahora el planteamiento que se aprecia en los Poderes Públicos es más orientado al subsidio, que a establecer medidas que favorezcan la seguridad y la continuidad de las empresas.

Lamentablemente, en caso de que no lo hagan, nuestro trabajo será intentar forzar a los acreedores a aceptar acuerdos mediante la interposición de concursos, de lo que somos especialistas.

Los mejores consejos que podemos dar para que un concurso acabe con un convenio del que la empresa pueda salir reforzada es:

1. Disponer de un buen fondo de maniobra; pues durante la tramitación del convenio vamos a tener que pagar a los proveedores al contado.
2. Presentar el concurso cuanto antes, según se pueda prever razonablemente que en unos meses se va a entrar en mora con los créditos bancarios.
3. No avalar personalmente las deudas de la empresa (personas jurídicas).
4. Pagar religiosamente siembre, las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda.

Los acuerdos serán para reducir las cantidades adeudadas y establecer calendarios de pagos, suprimiendo durante la tramitación del concurso la generación de intereses, con la intención de que la empresa continúe y se mantenga el empleo.

Lo malo será que, si no se alcanza el acuerdo con los acreedores, la empresa se disolverá y muy probablemente los trabajadores engrosen en el paro.

Está en la mano de los gobernantes impedirlo o reducirlo; esperemos que lo consigan.

CORONAVIRUS Y CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo no sólo tiene efectos respecto de los trabajadores, también, y mucho sobre los contratos celebrados con la Administración, en concreto le dedica en su totalidad, el Artículo 34 que se puede consultar en el BOE.

Este artículo que abarca varias páginas del BOE se puede resumir en que 

1. El Ministerio de Sanidad puede ordenar la intervención de empresas y la requisa de materiales con la mera autoridad que le confiere el Decreto de Declaración de Estado de Alarma y sin tramitar ningún tipo de contrato.
2. Existen medidas para “equilibrar” los contratos del Sector Público que se encuentran en curso en este momento que se plasman, en resumen, que aquel contratista, en que la ejecución del contrato se vea afectada por la crisis del COVID-19, tiene derecho a solicitar suspensiones, moratorias en el pago de cánones, exoneración de penalizaciones y/o indemnizaciones a la Administración, pero lo tienen que pedir y acreditar.
3. Esas medidas son aplicables a los contratos celebrados con sujetos que formen parte del sector público, independientemente de que esté sujeto al derecho público o al derecho privado (por ejemplo: empresas municipales, fundaciones públicas, etc).
4. Esas medidas no son aplicables a los contratos relativos a la prestación de los servicios “esenciales” para superar la crisis (suministro farmacéutico, seguridad, limpieza, infraestructuras, transporte de mercancías, etc)

En cualquier caso, siempre habrá que tener en cuenta las cláusulas administrativas de cada contrato y la normativa propia a la que se sujete la entidad con la que se contrató.