Es posible que sí, una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, (sec. 1ª, S 03-02-2021, nº 59/2021, rec. 35/2021), declara que el cierre forzoso sufrido por una pizzería durante el estado de alarma, estaba cubierto por una póliza multirriesgo que había contratado y que establecía una indemnización diaria por paralización de la actividad, y condena a la Aseguradora a abonarle la indemnización pactada.
Esta sentencia, que se refiere a un caso concreto, con un clausulado concreto y, al haber sido dictada por una Audiencia provincial, no crea jurisprudencia, pero sí puede tomarse como una referencia para interpretar otros casos. Es muy probable que este caso no sea aislado y puede que en el futuro haya muchas más reclamaciones por parte de autónomos a ser indemnizados por el cierre de su actividad. Que prosperen o no estas demandas dependerá del seguro en cuestión y de si la interpretación que hace la Sentencia antedicha se generaliza o, por el contrario, se queda en una mera rareza.
Hay que tener en cuenta que esta cobertura es más que habitual en las pólizas multirriesgo, que suelen contratar los pequeños negocios. Por ello es conveniente que los empresarios afectados revisen sus seguros para verificar si tienen contratada esta cobertura. Si la tienen, que será así en muchos casos, deberían reunir la documentación de que dispongan y consultarlo con nosotros u otro Abogado especializado en estas materias que pueda aconsejarles en cuanto a cuál es la mejor forma de proceder.
No es raro que las aseguradoras se cubran las espaldas para riesgos de este tipo y excluyan la cobertura en muchos casos. De hecho es habitual excluir de la cobertura las contingencias causadas por riesgos extraordinarios; pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona hace hincapié en la necesidad de que esas exclusiones figuren destacadas de determinada forma para que puedan surtir efecto.
En Candal Abogados estamos a tu disposición para resolver cualquier duda sobre esta u otra materia que afecte a tu actividad.
Esta norma establecía una reducción en las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que se dieran de alta, que se popularizó con el sobrenombre de “tarifa plana”, y por la que las cotizaciones sociales se reducían a unos 50 euros durante los seis primeros meses.
Desde el 01/01/2019, siguiendo la nueva redacción aportada al art. 31LETA por el Real Decreto 1462/2018 del 21 de diciembre, esta cuota asciende a 60 euros durante los primeros 12 meses. De esta cuota, lo cual también es una novedad, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales (este incremento es únicamente para las altas a partir del 1 de enero de 2019).
La cuantía iba aumentando progresivamente, así:
1. Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto de 12 meses en nuevos autónomos (del mes 13 al 18).
Lo que supondría una cuota de autónomo en 2020 y eligiendo la cuota mínima 141,65 euros mensuales.
2. Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en el epígrafe anterior (del mes 19 al 24).
Lo que supondría una cuota de autónomo en 2020 y con la cuota mínima 198,31 euros mensuales.
Con esta nueva Ley, en el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años (o menores de 35 años en el caso de mujeres) y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de efectos del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse (además de los beneficios en la cotización previstos en los apartados anteriores) una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos.
La cuota a bonificar sería la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.
Bien es sabido también que no sólo son autónomos los trabajadores que ejercitan una actividad empresarial en su propio nombre y derecho como empresario individual, sino también aquellos que:
Poseen al menos el 25% de las participaciones de una sociedad y desempeñan labores de dirección/gerencia en la misma.
Tienen al menos 33% de las participaciones y trabajan en la propia empresa.
No tienen participaciones pero conviven con un socio que tenga al menos el 50% de éstas.
A estes últimos se les denomina coloquialmente como “autónomos societarios”.
La Tesorería General de la Seguridad Social, desde un principio no permitió que los autónomos societarios accediesen a la Tarifa Plana, lo que se tradujo en que se vieron obligados a pagar la cuota íntegra sin descuentos.
Tras varias Sentencias del Tribunal Supremo, y especialmente tras la Sentencia 1669/2019 3 de diciembre de 2019, en que se reconoce a una trabajadora por cuenta propia dueña de una S.L.U. el derecho a acceder a la Tarifa Plana y, en concreto:
«Declaramos el derecho de la recurrente a la aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de reintegrar a la recurrente las diferencias de cotización consiguientes.»
Consolidándose esta doctrina, por otra sentencia de febrero de 2020.
La Tesorería General de la Seguridad Social viene a reconocer dicha posibilidad a las nuevas altas
¿PODEMOS RECUPERAR LO PAGADO DE MÁS”
Si, siempre que en su momento reuniéramos los requisitos necesarios para su concesión. Lo que cambia es el método para obtener dicha recuperación, que será distinto en función de la fecha en que se produjese el inicio de la actividad.
Es decir y simplificando, lo que se pagó de más en los últimos cuatro años, se solicita como devolución de ingresos indebidos.
Fuente: Iberley
HAN PASADO MÁS DE CUATRO AÑOS ¿PUEDO RECLAMAR?
También, en este caso, la posibilidad se fundamentaría en la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración derivada de la errónea aplicación de la Ley por parte de la Administración, y debería formularse la solicitud antes de transcurrido un año desde que se pone de manifiesto la lesión, que interpretado de la forma más favorable para el Administrado sería a partir de la segunda sentencia en febrero de 2020.
No obstante, esta vía, que entendemos que prosperará, no es evidentemente tan segura como en aquellos casos en que se trata de reclamación extrajudicial.
Si al leer este artículo te has visto reflejado en algún momento, no dudes en contactarnos. Juntos analizaremos tu situación y emprenderemos las medidas necesarias para reclamar tu dinero a la Administración.
En los tiempos que corren, en los que las reformas legislativas, económicas y del mercado laboral están a la orden del día, se hace más importante que nunca la figura del abogado de empresa.
Se trata de un apoyo imprescindible a la hora de adaptación de la empresa a cualquier novedad o cambio de carácter legislativo o normativo, factor de gran relevancia para el correcto desarrollo y consecuente crecimiento de cualquier empresa o negocio, independientemente del sector o la forma en que desarrolle su actividad.
Son muchos los ámbitos en los que puede operar un abogado de empresa, como la elaboración de contratos, cuestiones legales propias o para con otras empresas o trabajadores, asesoramiento en la firma de convenios, protección de la propiedad intelectual y de datos, resolución de conflictos internos y externos, etc.
Además, un abogado es el único que está habilitado para representarte a tí o a tu empresa frente a particulares y otras entidades en caso de ser necesario.
En definitiva, el abogado de empresa presta una amplísima gama de servicios. Actúa como asesor y consejero legal en todos los ámbitos empresariales, y trabaja para evitar posibles problemas con la administración, así como para buscar las mejores oportunidades y soluciones para tu empresa.
Si después de leer esto todavía no tienes claro si tu empresa necesita o no un abogado, ponte en contacto con nosotros. En Candal Abogados estaremos encantados de resolver todas tus dudas.
Desde hace unos meses se viene oyendo y leyendo mucho ruido sobre el Cártel de la Leche y la posibilidad por parte de los titulares de explotaciones lácteas, de obtener indemnizaciones millonarias de las empresas de transformación, este post pretende dar una información simple y clara sobre el mismo.
ANTECEDENTES
El 11 de Julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto el expediente S/0425/12 imponiendo sanciones a las empresas del denominado “cártel de la leche”, es decir: considera probado queprácticamente todas las empresas lácteas se pusieron de acuerdo para pagar menos por la leche a los productores desde el año 2000, hasta el año 2013.
El acuerdo había sido adoptado por la mayor parte de las empresas lácteas, de hecho, la resolución sanciona a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual,Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España con multas importantes. Y además establece que Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana también han participado pero sus infracciones ya prescribieron, evitando la multa.
¿QUIÉN PUEDE RECLAMAR?
Podrán reclamar todos aquellos propietarios de explotaciones y ganaderos individuales que hubiesen tenido como compradoras a alguna de las industrias lácteas nombradas en la resolución anteriormente reseñadadurante los ejercicios económicos de 2000 a 2013. No es necesario acreditar operaciones todos los años de duración del cártel, se podría reclamar por todo el período de duración del cártel, por cualquiera de los ejercicios, de igual forma también podrían reclamar aquellas explotaciones que hayan cerrado o que en la actualidad no estén inactivas, siempre y cuando se acredite y se justifique documentalmente el daño ocasionado durante el periodo del cártel.
¿CUÁNTO PUEDE RECLAMAR?
El perjuicio económico que le hubiese causado dicho acuerdo entre las empresas lácteas, es decir, lo que se cobró de menos por cada litro de leche vendido, más los intereses legales devengados desde cada venta de leche.
Esto se calcula mediante una prueba pericial que no está al alcance de cualquiera pues requiere conocimientos económicos especializados en estadística, matemáticas financieras, econometría, macroeconomía y microeconomía, toda vez que será necesario comparar los precios por los que se vendió la leche en cada momento concreto, con los precios de la leche en mercados no afectados por el cártel, y cuantificar la cantidad correspondiente a cada ganadero o productor, en función de las toneladas vendidas y la fecha de transmisión.
La estimación preliminar realizada por algunos peritos señala que se podrán reclamar en torno a tres céntimos por litro de leche vendida durante los 14 años que duró el cártel; de ahí llegan a concluir que la reclamación en una explotación láctea de 100 cabezas, podría recuperar en torno a los 300.000 €
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RECLAMAR?
Aunque el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, señaló la paralización de los plazos de caducidad y de prescripción durante el estado de alarma, existen voces autorizadas que sostienen que el plazo de prescripción no se interrumpió por ser el Real Decreto de rango insuficiente para derogar una ley, motivo por el cual se recomienda realizar una reclamaciónextrajudicial antes del día 11 de julio de 2020, lo cual se puede hacer mediante una comunicación fehaciente a cualquiera o a todos las industrias afectadas.
Es lo cierto que la Ley de Defensa de la Competencia señala un plazo de cinco años, pero los Juzgados están aplicando en este tipo de reclamaciones la directiva de Daños 104/2014 y el plazo que se establece en el Código Civil en acciones extracontractuales que es de un año desde la publicación de la decisión de la CNMC, la cual como antes hemos mencionado ha sido publicada el 11 de Julio de 2019.
No obstante, creemos poco probable que los Juzgados establezcan una interpretación contraria a lo que establece el Real Decreto, por lo que, en caso de que se nos pase el plazo del 11 de julio, la interrupción de la prescripción durante los tres meses siguientes probablemente será eficaz, es barata, y se puede esperar a ver qué interpretación prevalece antes de formalizar la reclamación judicial.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL DAÑO
Es necesario acreditar las ventas de leche realizadas a las entidades integrantes del cártel entre los años 2000 y 2013. También es conveniente, pero no imprescindible aportar las ventas realizadas antes y después de dicha fecha, pues puede servir de indicio sobre la afectación del precio.
¿SE PUEDE RECLAMAR POR LAS VENTAS POSTERIORES A 2013?
Sí, pero no es recomendable.
Durante el período 2000-2013, no es necesario probar la existencia del acuerdo de las industrias, porque la existencia de la resolución de la Comisión de la Competencia supone prueba suficiente.
Toda reclamación de cantidades por ventas posteriores requerirá probar que el cártel continuó existiendo con posterioridad a 2013, prueba que probablemente resultará imposible para un particular.
Esperamos que estas breves notas sirvan para clarificar y orientar un poco sobre este tema; en caso de que consideren que han sido afectados por el cártel, no duden de consultarnos sus dudas sobre este tema que, como expertos en Derecho Mercantil, les responderemos sin compromiso.
El criterio general que se ha venido aplicando por los Tribunales era que la cláusula suelo incluida en un contrato con una empresario, o con finalidad empresarial, siempre que fuese gramaticalmente transparente, no era susceptible de ser declarado nula, al contrario que en los contratos con los consumidores, en los que, salvo que la entidad bancaria acreditase que se habían realizado diversas comunicaciones y advertencias, que permitiesen a un consumidor medio conocer el alcance de la cláusula, y que nunca se habían hecho, se declaraban nulas y sin efecto.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo del 11/03/2020, viene a moderar esa interpretación tan restrictiva y declara la nulidad de la cláusula suelo de un crédito hipotecario suscrito en 2012 por un particular con ABANCA, con la finalidad de comprar una plaza de Taxi, teniendo como criterio el hecho de que el Banco no había cumplido los requisitos de la Orden EHA 2899/2011 de 28 de octubre, en concreto entregar al prestatario la Ficha de Información Personalizada que el Banco debe entregarle antes de firmar el contrato, y el notario no había advertido de la inclusión de dicha cláusula.
Esto abre la posibilidad de plantear la nulidad de la cláusula suelo de aquellos préstamos hipotecarios suscritos por empresas, con fundamento en la falta de transparencia de los documentos precontractuales que el banco debía suministrar a la empresa.
Es necesario explicar que no siempre va a ser nula la cláusula suelo, sólo y exclusivamente cuando se acredite que el banco no informó previamente a la empresa, de forma clara y comprensible de la inclusión de dicha cláusula.
Para evaluar si es posible realizar tal reclamación, es necesario estudiar detalladamente los antecedentes de cada caso y la documentación de que se dispone sobre tales circunstancias.
Si tomamos en cuenta la importancia del sector turístico en la economía española, con la gran incidencia de microempresas y las previsiones que se exponen sobre cómo va a ser la vida cuando se levante el estado de alarma (prohibición de apertura, limitación de aforo, etc…). Desde la humildad creemos que los Poderes Públicos deberían adoptar una serie de medidas para evitar que esta pandemia se convierta en una destrucción masiva de empresas, destrucción del tejido productivo y consiguiente aumento brutal del paro.
Actualmente tenemos todo el sector de la hostelería y de los espectáculos totalmente paralizado y en una situación de total incertidumbre, dichas empresas, aunque no tengan que pagar salarios ni seguridad social (si han tramitado con éxito un ERTE por fuerza mayor), posiblemente tienen que atender suministros, alquileres y préstamos bancarios, mientras no ingresan, lo que traducido a un año, no se puede solucionar sólo con préstamos blandos subvencionados para atender los pagos (que es lo que se está proponiendo ahora).
Si seguimos así, el resultado va a ser el mismo que en 2008, los titulares de los negocios se endeudarán más, los bancos exigirán el pago de los créditos e irán agravando las condiciones y afianzamientos en cada acuerdo de refinanciación, hasta que finalmente, suprimido el fondo de maniobra de las empresas por la asfixia financiera propiciada por los bancos, en los tres años siguientes veremos una sucesión de concursos que normalmente acabarán en liquidación, ante la imposibilidad de atender los pagos. Los bancos habrán obtenido previamente el afianzamiento por parte de las personas físicas, en los créditos a las empresas, de tal forma que se van a negar a votar a favor de los convenios.
El estado tiene la posibilidad de impedirlo de una forma muy sencilla:
Estableciendo una carencia automática de todos los créditos bancarios de las empresas de los sectores paralizados, esto supondría que durante este período sólo habría que hacer frente a intereses y no a los pagos de capital, de tal forma que la necesidad mensual de liquidez de las empresas se vería reducida durante el período en que no puedan trabajar.
La anterior medida se podría complementar con un fraccionamiento de los intereses devengados durante el período de carencia durante varios años.Estas medidas no supondrían pérdidas para la banca, cuyo beneficio es precisamente el cobro de intereses y no la recuperación del capital.
Estableciendo una suspensión automática del pago de los contratos de leasing y renting financiero en los sectores paralizados, es obvio que los bienes no pueden ser usados mientras las empresas están paradas; las mensualidades (alquileres) correspondientes al período de paralización se distribuirían en el resto de la duración pendiente del contrato.
Creemos que es hora de que las entidades financieras devuelvan parte del rescate bancario, y lo que aquí se propone no supondría afectación significativa a su cuenta de resultados.
Esto debería venir acompañado de normativa fiscal que bonificase a los arrendadores que concediesen carencias a los negocios paralizados, de tal forma que aquel arrendador que no cobrase la renta, no sólo no tendría problema para justificarlo ante la Agencia Tributaria, sino que recibiría una bonificación porcentual en el IRPF o en el impuesto de Sociedades por colaborar en el mantenimiento de la estructura productiva.
Seguro que hay más medidas que se podrían adoptar y mejores que las que a nosotros se nos ocurren; no obstante, hasta ahora el planteamiento que se aprecia en los Poderes Públicos es más orientado al subsidio, que a establecer medidas que favorezcan la seguridad y la continuidad de las empresas.
Lamentablemente, en caso de que no lo hagan, nuestro trabajo será intentar forzar a los acreedores a aceptar acuerdos mediante la interposición de concursos, de lo que somos especialistas.
Los mejores consejos que podemos dar para que un concurso acabe con un convenio del que la empresa pueda salir reforzada es:
Disponer de un buen fondo de maniobra; pues durante la tramitación del convenio vamos a tener que pagar a los proveedores al contado.
Presentar el concurso cuanto antes, según se pueda prever razonablemente que en unos meses se va a entrar en mora con los créditos bancarios.
No avalar personalmente las deudas de la empresa (personas jurídicas).
Pagar religiosamente siembre, las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda.
Los acuerdos serán para reducir las cantidades adeudadas y establecer calendarios de pagos, suprimiendo durante la tramitación del concurso la generación de intereses, con la intención de que la empresa continúe y se mantenga el empleo.
Lo malo será que, si no se alcanza el acuerdo con los acreedores, la empresa se disolverá y muy probablemente los trabajadores engrosen en el paro.
Está en la mano de los gobernantes impedirlo o reducirlo; esperemos que lo consigan.
El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo no sólo tiene efectos respecto de los trabajadores, también, y mucho sobre los contratos celebrados con la Administración, en concreto le dedica en su totalidad,el Artículo 34 que se puede consultar en el BOE.
Este artículo que abarca varias páginas del BOE se puede resumir en que
El Ministerio de Sanidad puede ordenar la intervención de empresas y la requisa de materiales con la mera autoridad que le confiere el Decreto de Declaración de Estado de Alarma y sin tramitar ningún tipo de contrato.
Existen medidas para “equilibrar” los contratos del Sector Público que se encuentran en curso en este momento que se plasman, en resumen, que aquel contratista, en que la ejecución del contrato se vea afectada por la crisis del COVID-19, tiene derecho a solicitar suspensiones, moratorias en el pago de cánones, exoneración de penalizaciones y/o indemnizaciones a la Administración, pero lo tienen que pedir y acreditar.
Esas medidas son aplicables a los contratos celebrados con sujetos que formen parte del sector público, independientemente de que esté sujeto al derecho público o al derecho privado (por ejemplo: empresas municipales, fundaciones públicas, etc).
Esas medidas no son aplicables a los contratos relativos a la prestación de los servicios “esenciales” para superar la crisis (suministro farmacéutico, seguridad, limpieza, infraestructuras, transporte de mercancías, etc)
En cualquier caso, siempre habrá que tener en cuenta las cláusulas administrativas de cada contrato y la normativa propia a la que se sujete la entidad con la que se contrató.
