DEBO MÁS DE LO QUE PUEDO PAGAR. ¿QUÉ PUEDO HACER?

En Candal Abogados Lalín, tenemos la solución.

La crisis del ladrillo, seguida ahora por el COVID, ha provocado que muchas personas dediquen la mayor parte de sus ingresos a pagar créditos y, luego, como no ganan lo suficiente, a pedir más créditos para llegar a fin de mes.

De esta forma, la deuda en lugar de reducirse, va incrementándose año tras año, empujando a los afectados a acudir a métodos «menos adecuados» de financiación.

Por citar un ejemplo, hemos recibido clientes que partiendo de un crédito para comprar un piso, han acabado debiendo grandes cantidades a entidades de “microcréditos” como CREDITEA o IDFINANCE, que llegan a tener intereses por encima del 100% anual (parece una broma, pero os aseguramos que no lo es).

Cuando estamos ante esta situación sólo existen dos opciones:

CONTINUAR IGUAL :

Y, entonces, el resultado es seguro: en un tiempo, mas pronto o más tarde, incumpliremos un pago, entraremos en una lista de morosos y nos dejarán de prestar dinero; incumpliremos otros pagos, y se establecerá una carrera entre los acreedores para embargar y subastar todo lo que tenemos.

BUSCAR UNA SOLUCIÓN:

Y para eso es necesario consultar su caso concreto con Candal Abogados, o con cualquier abogado especialista en derecho bancario y concursal, que dispone de los conocimientos y de los medios necesarios para encontrar una solución.

En caso de que acudas a Candal Abogados examinaremos las cláusulas de todos los créditos suscritos con el fin de determinar si existe alguna forma de anularlas.

Por ejemplo:

  1. Si el interés pactado es muy elevado (superior al 20% anual), es posible que podamos aplicar la Ley de represión de la Usura, sólo tendremos que devolver el principal sin intereses; y si ya hemos pagado más de lo que nos habían prestado, nos devolverán la diferencia.
  2. Si se pactaron comisiones de apertura o de reclamación de posiciones deudoras, etc  y esas comisiones no se corresponden con servicios o gastos efectivos de la prestamista, es posible que dichas comisiones sean nulas y se puedan recuperar.
  3. Si se han abonado los gastos de gestoría, registro, valoración y notaría de una hipoteca, se intentará recuperarlos.

Si con estas operaciones, resulta insuficiente para solucionar su situación personal, se valorará la forma de activar la segunda oportunidad, asesorándolo para plantear la Solicitud de Acuerdo Prejudicial de Pagos (notaría o registro de la propiedad) para renegociar la deuda con los acreedores.

En caso de que los acreedores no acepten las condiciones que, siendo razonables, se le propongan, o que los mediadores no acepten el cargo, procederíamos a la presentación de Concurso Consecutivo ante el Juzgado competente, en el que es posible que tras la liquidación, obtengamos la exoneración del pasivo insatisfecho; esto es, que “desaparezcan” las deudas anteriores.

Es decir, actualmente es posible quedar liberado de las deudas, si una vez vendido lo que tienes, no llega para pagarlas.

Actualmente, incluso es posible que, teniendo el deudor la vivienda en propiedad con una hipoteca; si la hipoteca garantiza un crédito por importe superior al que pueda percibirse vendiéndolo, el Administrador Concursal puede decidir que el concursado se quede con su vivienda pagando el crédito hipotecario y el Juez “perdonar” las otras deudas.

No lo dudes, estamos a tu disposición en Lalín y Lugo para resolver cualquier consulta sobre esta materia o cualquier otra cuestión jurídica de tu interés.

NOVEDADES IMPORTANTES EN MATERIA CONCURSAL EN EL REAL DECRETO-LEY 16/2020 DE 28 DE ABRIL

Aparte de las fases de desconfinamiento, el Consejo de Ministros del día 28 incluyó la aprobación de una serie de medidas en materia de Administración de Justicia, entre la que se encuentra una regulación especial para los concursos de acreedores, pasados, presentes y futuros que se vean afectados por la crisis de la pandemia que se han publicado en el BOE.

Entre ellas destaco las siguientes, que considero más relevantes:

MEDIDAS PARA EMPRESAS CONCURSADAS QUE SE ENCONTRABAN CUMPLIENDO EL CONVENIO ALCANZADO CON LOS ACREEDORES:

  1. Se posibilita legalmente tramitar una modificación del convenio por alteración sobrevenida de las circunstancias como consecuencia de la crisis de la Pandemia, durante el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, esto es, hasta el 14 de marzo de 2021.
  2. Se establece un período de seis meses, hasta el 14 de septiembre de 2020, en el que el juez notificará a la empresa concursada las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio, y no las podrá admitir a trámite hasta el 14 de diciembre, durante esos tres meses (entre septiembre y diciembre) la empresa que incumple el convenio puede iniciar el procedimiento anterior.
  3. Aunque la empresa conozca la imposibilidad de cumplir el convenio, el concursado no tiene la obligación de solicitar la liquidación hasta transcurrido el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, siempre que presente una nueva propuesta de convenio.

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES (art. 11)

Se suprime la obligación de solicitar concurso de acreedores hasta el 31/12/2020, y no se tramitarán las demandas de concurso necesario que hubiesen presentado los acreedores desde la declaración del estado de alarma hasta dicha fecha. Aunque un acreedor presente durante este tiempo concurso necesario, siempre que el deudor presente el concurso voluntario antes de dicha fecha se tramitará el voluntario y no el necesario.

LAS OPERACIONES DE INGRESOS DE TESORERIA CON APORTACIÓN DE RECURSOS AJENOS

PERSONAS ESPECIALMENTE VINCULADOS DESDE EL 14/03/2020 A LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO EN CONCURSOS QUE SE DECLAREN ANTES DEL 14/03/2022

Se considerarán créditos ordinarios los realizados desde el 14 de mayo de 2020 hasta la declaración del concurso, en los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022, por lo que, entiendo que  tendrán derecho de voto en elconvenio.

Esto facilita la autofinanciación de los socios, que no ven desincentivada la inversión de dinero para mantener la empresa en funcionamiento y reactivar su situación financiera.

El Decreto, señala como determinante “ingresos de tesorería”, por lo que lo más relevante será el momento del ingreso, más que cualquier otro.

Lo mismo ocurrirá cuanto una persona vinculada adquiera los créditos que un tercero tenga contra la concursada, se considerarán ordinarios. Hay que tener cuidado en que si una persona vinculada adquiere un crédito privilegiado (por ejemplo uno con garantía hipotecaria), dicho privilegio desaparece igualmente; se le calificará como ordinario.

CUALQUIER PERSONA DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO O DE SU MODIFICACIÓN ANTES DEL 14/03/2022

Se considerarán créditos contra la masa, los créditos desembolsados  por cualquier entidad o persona, incluso los propios socios de la empresa o su familia, a cualquier persona o entidad que alcanzara convenio concursal o lo modificara durante los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, esto es que alcanzara convenio o lo modificara antes del 14 de marzo de 2022; será calificado como crédito contra la masa; es decir, se le pagará con preferencia a cualquier crédito concursal preexistente o posterior al convenio que se califique como ordinario o privilegiado general.

A la espera de mejor criterio, esa preferencia abarcaría la totalidad de los préstamos que se hicieran a partir del convenio, y durante la vigencia del convenio, hasta su cumplimiento.

Al tratarse de un Decreto-Ley, es posible que se vea modificado en su tramitación posterior parlamentaria, o por otras medidas posteriores, pero la posibilidad de modificar convenios concursales anteriores, y las ventajas para las aportaciones por personas vinculadas, han de considerarse medidas muy apropiadas para fomentar que las personas físicas a las que pertenezcan las empresas, decidan invertir sus ahorros en reflotarlas.

El tiempo dirá si estas medidas son eficaces.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Este documento es una mera nota informativa que no tiene carácter de dictamen y que contiene un primer resumen y opinión sobre una norma publicada en el día de hoy en el BOE. La aplicación práctica de dicha norma no necesariamente se ajustará a las opiniones que expresa su autor.


Modificación de medidas matrimoniales, y en materia de custodia y alimentos de menores como consecuencia del COVID-19

El Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, prevé un procedimiento especial, provisional, urgente y simplificado para modificar las medidas definitivas adoptadas en procedimientos de divorcio y de custodia de menores en procedimientos anteriores, cuando se hayan producido modificaciones sustanciales en las circunstancias tenidas en cuenta derivadas de la pandemia.

Por ejemplo, el dueño de un bar, que va a ver reducidos sus ingresos por las medidas de restricción que se van a establecer en cuanto al aforo de su establecimiento, podrá solicitar reducciones de la pensión alimenticia que pase a sus hijos; o, al contrario, si el progenitor custodio ha visto reducido permanentemente sus ingresos, podrá pedir un aumento de la pensión.

Dada la afectación económica que se prevé por el COVID-19, es muy probable que se produzcan multitud de reclamaciones en este sentido.

Ese mismo procedimento abreviado se prevé para solventar las descompensaciones que se hayan producido en los casos de custodia compartida, durante el confinamiento.

¿Cómo asegurar la continuidad de las empresasparalizadas por el COVID-19?

Si tomamos en cuenta la importancia del sector turístico en la economía española, con la gran incidencia de microempresas y las previsiones que se exponen sobre cómo va a ser la vida cuando se levante el estado de alarma (prohibición de apertura, limitación de aforo, etc…). Desde la humildad creemos que los Poderes Públicos deberían adoptar una serie de medidas para evitar que esta pandemia se convierta en una destrucción masiva de empresas, destrucción del tejido productivo y consiguiente aumento brutal del paro.

Actualmente tenemos todo el sector de la hostelería y de los espectáculos totalmente paralizado y en una situación de total incertidumbre, dichas empresas, aunque no tengan que pagar salarios ni seguridad social (si han tramitado con éxito un ERTE por fuerza mayor), posiblemente tienen que atender suministros, alquileres y préstamos bancarios, mientras no ingresan, lo que traducido a un año, no se puede solucionar sólo con préstamos blandos subvencionados para atender los pagos (que es lo que se está proponiendo ahora).

Si seguimos así, el resultado va a ser el mismo que en 2008, los titulares de los negocios se endeudarán más, los bancos exigirán el pago de los créditos e irán agravando las condiciones y afianzamientos en cada acuerdo de refinanciación, hasta que finalmente, suprimido el fondo de maniobra de las empresas por la asfixia financiera propiciada por los bancos, en los tres años siguientes veremos una sucesión de concursos que normalmente acabarán en liquidación, ante la imposibilidad de atender los pagos. Los bancos habrán obtenido previamente el afianzamiento por parte de las personas físicas, en los créditos a las empresas, de tal forma que se van a negar a votar a favor de los convenios.

El estado tiene la posibilidad de impedirlo de una forma muy sencilla: 

  1. Estableciendo una carencia automática de todos los créditos bancarios de las empresas de los sectores paralizados, esto supondría que durante este período sólo habría que hacer frente a intereses y no a los pagos de capital, de tal forma que la necesidad mensual de liquidez de las empresas se vería reducida durante el período en que no puedan trabajar.
  2. La anterior medida se podría complementar con un fraccionamiento de los intereses devengados durante el período de carencia durante varios años.Estas medidas no supondrían pérdidas para la banca, cuyo beneficio es precisamente el cobro de intereses y no la recuperación del capital.
  3. Estableciendo una suspensión automática del pago de los contratos de leasing y renting financiero en los sectores paralizados, es obvio que los bienes no pueden ser usados mientras las empresas están paradas; las mensualidades (alquileres) correspondientes al período de paralización se distribuirían en el resto de la duración pendiente del contrato.

Creemos que es hora de que las entidades financieras devuelvan parte del rescate bancario, y lo que aquí se propone no supondría afectación significativa a su cuenta de resultados.

Esto debería venir acompañado de normativa fiscal que bonificase a los arrendadores que concediesen carencias a los negocios paralizados, de tal forma que aquel arrendador que no cobrase la renta, no sólo no tendría problema para justificarlo ante la Agencia Tributaria, sino que recibiría una bonificación porcentual en el IRPF o en el impuesto de Sociedades por colaborar en el mantenimiento de la estructura productiva.

Seguro que hay más medidas que se podrían adoptar y mejores que las que a nosotros se nos ocurren; no obstante, hasta ahora el planteamiento que se aprecia en los Poderes Públicos es más orientado al subsidio, que a establecer medidas que favorezcan la seguridad y la continuidad de las empresas.

Lamentablemente, en caso de que no lo hagan, nuestro trabajo será intentar forzar a los acreedores a aceptar acuerdos mediante la interposición de concursos, de lo que somos especialistas.

Los mejores consejos que podemos dar para que un concurso acabe con un convenio del que la empresa pueda salir reforzada es:

  1. Disponer de un buen fondo de maniobra; pues durante la tramitación del convenio vamos a tener que pagar a los proveedores al contado.
  2. Presentar el concurso cuanto antes, según se pueda prever razonablemente que en unos meses se va a entrar en mora con los créditos bancarios.
  3. No avalar personalmente las deudas de la empresa (personas jurídicas).
  4. Pagar religiosamente siembre, las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda.

Los acuerdos serán para reducir las cantidades adeudadas y establecer calendarios de pagos, suprimiendo durante la tramitación del concurso la generación de intereses, con la intención de que la empresa continúe y se mantenga el empleo.

Lo malo será que, si no se alcanza el acuerdo con los acreedores, la empresa se disolverá y muy probablemente los trabajadores engrosen en el paro.

Está en la mano de los gobernantes impedirlo o reducirlo; esperemos que lo consigan.

Coronavirus, testamento en caso de epidemia y pleitos.

Cuando estudiaba la carrera, creía que nunca me encontraría con esta forma de testamento en mi ejercicio profesional.

La pandemia del COVID-19 y la posterior declaración de estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, provocó, que a partir de dicha fecha se pueda otorgar testamento sin notario, sólo con la presencia de tres testigos mayores de dieciséis años, y que sólo se plasmará por escrito.

Este testamento sólo será válido si levantado el estado de Alarma, el testador lo elevase a público ante notario en los dos meses siguientes, o bien, en caso de que el testador fallezca durante la epidemia (por cualquier causa), se procediese a su protocolización en los tres meses siguientes al levantamiento, a través del correspondiente expediente notarial.

Como no existe prácticamente jurisprudencia sobre este tipo de testamento, y teóricamente una manifestación verbal ante tres testigos (que no sean ni herederos, ni legatarios ni allegados a éstos), serviría como testamento; es muy probable que en el orden civil se produzcan gran cantidad de litigios derivados de testamentos real o supuestamente otorgados de esta forma.

Por ello, como siempre, si vamos a acudir a esta forma de otorgar testamento, será muy importante:

  1. Recoger la voluntad del causante en un medio duradero, que puede ser por escrito normalmente, pero puede servir y será aconsejable siempre, una grabación de video con el teléfono móvil  por ejemplo, en la que se identifique el testador y los testigos y las disposiciones de última voluntad que ordene.
  2. Recoger los datos completos de los testigos, sobre todo el nombre, apellidos, dirección, teléfono y DNI, puesto que, cuando vayamos a hacer valer ese testamento, si el causante ha fallecido, será imprescindible localizarlos.
  3. La epidemia no afecta a las legítimas, por lo que, de ser posible, es conveniente consultar con un profesional del derecho si las cláusulas que se pretenden imponer, son viables jurídicamente.

En cualquier caso, es importante recordar que para otorgar este tipo de testamento no es necesario estar enfermo, es suficiente con que exista epidemia, en este caso la epidemia provocada por el Coronavirus, para que el testamento otorgado de esta manera por cualquier persona capaz, sea válido y eficaz, siempre que una vez terminada la epidemia, se proceda a su protocolización ante notario.

 En Candal Abogados, estaremos a su disposición para aclarar cualquier duda que les pueda surgir sobre este tipo de testamentos, o cualquier otra cuestión jurídica.

Cumplir RGPD y teletrabajar

En tiempos de COVID-19 el teletrabajo se ha presentado como un gran aliado para empresas y trabajadores. Muchas empresas se han visto obligadas a improvisar teletrabajo en no más de una semana.  Por ello, y aunque a priori es una buena solución empresarial a esta crisis sanitaria debemos tener muy presente que el trabajo en remoto representa importantes riesgos en términos de protección de datos. 
En este post te daremos algunas recomendaciones para usar el teletrabajo con ciberseguridad y cumpliendo con la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)


¿Por donde empezar? 


Cláusula de confidencialidad.

 
Los trabajadores se marchan a casa con toda la información de la empresas para poder trabajar con normalidad.  Es importante firmar un compromiso de confidencialidad ya que se están manejando datos personales de la empresa y,probablemente, de los clientes. 
Aprovechamos para contarte que desde que entró en vigor el nuevo RGPD este compromiso de confidencialidad ya debería estar firmado por todos los trabajadores. 

Formación en RGPD


Si tus empleados tratan datos personales es importante que tengan toda la información sobre cómo hacerlo. Sabemos que el RGPD de alta importancia en las empresas, si tus empleados están informados tendrán más herramientas para ponerlo en práctica. De esta forma nos aseguramos un trato correcto de los datos y también aumentamos su grado de responsabilidad. 


Implanta VPN


Huye de las aplicaciones software de control remoto, con ellas no tienes un contrato como proveedores que tratan tus datos. ¿Cómo compartir datos de forma segura?Utilizando sistemas de acceso cifrado seguro, esta herramienta está contrada por un responsable en nuestra empresa y no por terceros. De esta forma accederás a los datos de la empresa de forma segura.

 
Algunas recomendaciones básicas:

  • Cifrar los usb o memorias extraíbles que contengan información confidencial. 
  • No apuntar las contraseñas en papel que podamos perder. 
  • No trabajar desde wifi gratuítas dada su inseguridad. 

Las anteriores tan solo son algunas recomendaciones importantes para compatibilizar la correcta aplicación del RGPD  y el teletrabajo. 

Coronavirus y el Sector Público

Abogado en Lalín

CORONAVIRUS Y CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo no sólo tiene efectos respecto de los trabajadores, también, y mucho sobre los contratos celebrados con la Administración, en concreto le dedica en su totalidad, el Artículo 34 que se puede consultar en el BOE.

Este artículo que abarca varias páginas del BOE se puede resumir en que 

  1. El Ministerio de Sanidad puede ordenar la intervención de empresas y la requisa de materiales con la mera autoridad que le confiere el Decreto de Declaración de Estado de Alarma y sin tramitar ningún tipo de contrato.
  2. Existen medidas para “equilibrar” los contratos del Sector Público que se encuentran en curso en este momento que se plasman, en resumen, que aquel contratista, en que la ejecución del contrato se vea afectada por la crisis del COVID-19, tiene derecho a solicitar suspensiones, moratorias en el pago de cánones, exoneración de penalizaciones y/o indemnizaciones a la Administración, pero lo tienen que pedir y acreditar.
  3. Esas medidas son aplicables a los contratos celebrados con sujetos que formen parte del sector público, independientemente de que esté sujeto al derecho público o al derecho privado (por ejemplo: empresas municipales, fundaciones públicas, etc).
  4. Esas medidas no son aplicables a los contratos relativos a la prestación de los servicios “esenciales” para superar la crisis (suministro farmacéutico, seguridad, limpieza, infraestructuras, transporte de mercancías, etc)

En cualquier caso, siempre habrá que tener en cuenta las cláusulas administrativas de cada contrato y la normativa propia a la que se sujete la entidad con la que se contrató.