Es posible que sí, una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, (sec. 1ª, S 03-02-2021, nº 59/2021, rec. 35/2021), declara que el cierre forzoso sufrido por una pizzería durante el estado de alarma, estaba cubierto por una póliza multirriesgo que había contratado y que establecía una indemnización diaria por paralización de la actividad, y condena a la Aseguradora a abonarle la indemnización pactada.
Esta sentencia, que se refiere a un caso concreto, con un clausulado concreto y, al haber sido dictada por una Audiencia provincial, no crea jurisprudencia, pero sí puede tomarse como una referencia para interpretar otros casos. Es muy probable que este caso no sea aislado y puede que en el futuro haya muchas más reclamaciones por parte de autónomos a ser indemnizados por el cierre de su actividad. Que prosperen o no estas demandas dependerá del seguro en cuestión y de si la interpretación que hace la Sentencia antedicha se generaliza o, por el contrario, se queda en una mera rareza.
Hay que tener en cuenta que esta cobertura es más que habitual en las pólizas multirriesgo, que suelen contratar los pequeños negocios. Por ello es conveniente que los empresarios afectados revisen sus seguros para verificar si tienen contratada esta cobertura. Si la tienen, que será así en muchos casos, deberían reunir la documentación de que dispongan y consultarlo con nosotros u otro Abogado especializado en estas materias que pueda aconsejarles en cuanto a cuál es la mejor forma de proceder.
No es raro que las aseguradoras se cubran las espaldas para riesgos de este tipo y excluyan la cobertura en muchos casos. De hecho es habitual excluir de la cobertura las contingencias causadas por riesgos extraordinarios; pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona hace hincapié en la necesidad de que esas exclusiones figuren destacadas de determinada forma para que puedan surtir efecto.
En Candal Abogados estamos a tu disposición para resolver cualquier duda sobre esta u otra materia que afecte a tu actividad.
Cuando pagar por anticipado sale peor que dejar a deber.
El revuelo causado por el Concurso de Acreedores de Dentix, repite la dinámica de un modelo de negocio en el que se juega con la oferta a precios muy ajustados y con fácil financiación de servicios normalmente caros.
La base de su negocio consiste en ofrecer de forma conjunta al servicio que venden, su financiación a través de algún tipo de préstamo; es posible que se publicite que el crédito no tiene coste para el cliente o no. En cualquier caso, en el momento de la firma la financiera procede a ingresar el importe íntegro del crédito en la cuenta de la empresa que suministra los servicios.
Si la empresa tiene un importante éxito comercial, esto supone una inyección de liquidez enorme, puesto que el dinero entra en la cuenta de la empresa antes de que se presten los servicios.
Esta inyección de liquidez se traduce en la tentación de utilizar dichos ingresos, en vez de para prestar los servicios contratados, para incrementar el tamaño de la empresa y aumentar la capacidad de captación, entrándose en una dinámica en que como cada vez se ingresa más, cada vez se gasta más en publicidad y en instalaciones, pero no se guarda una reserva para atender los servicios pendientes que tiene comprometidos.
Si el crecimiento fuese infinito, ese sistema de negocio funcionaría eternamente, pero lamentablemente no es así, llega un momento que, sea porque el mercado se satura, sea porque viene una recesión (o una pandemia), el crecimiento cesa, y se produce un parón. ¿Qué ocurre entonces? No hay dinero y la empresa quiebra. Así ocurrió con las academias de inglés Opening en 2002, y así ha ocurrido con toda seguridad con Dentix.
¿Qué pueden hacer los clientes afectados?
Si has pagado por adelantado, te corresponde incluirte en el Concurso como acreedor, lo que supone que muy probablemente no puedas recuperar prácticamente nada de tu dinero, y la única esperanza es que la Administración Concursal encuentre la forma de reconducirte en algún tipo de derivación hacia otra clínica (de hecho eso ha pasado con algunos de los afectados por iDental).
No obstante, si has financiado tu tratamiento, vas a poder aplicar el art. 29 de la Ley de Crédito al Consumo, que hace corresponsable del servicio al prestamista, existiendo sentencias tanto que devuelven el dinero, como las que obligan a la financiera a satisfacer el tratamiento recibido por otro profesional.
Es importante actuar cuanto antes con asesoramiento profesional porque, como bien es sabido en Galicia, «quen non chora non mama”, y las financieras, si no se actúa a tiempo, pretenderán cobrar igual el préstamo aunque no se haya recibido el tratamiento que se había contratado.
Si te encuentras en este caso o alguno similar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, buscaremos la solución más favorable a tus intereses.
Esta norma establecía una reducción en las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que se dieran de alta, que se popularizó con el sobrenombre de “tarifa plana”, y por la que las cotizaciones sociales se reducían a unos 50 euros durante los seis primeros meses.
Desde el 01/01/2019, siguiendo la nueva redacción aportada al art. 31LETA por el Real Decreto 1462/2018 del 21 de diciembre, esta cuota asciende a 60 euros durante los primeros 12 meses. De esta cuota, lo cual también es una novedad, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales (este incremento es únicamente para las altas a partir del 1 de enero de 2019).
La cuantía iba aumentando progresivamente, así:
1. Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto de 12 meses en nuevos autónomos (del mes 13 al 18).
Lo que supondría una cuota de autónomo en 2020 y eligiendo la cuota mínima 141,65 euros mensuales.
2. Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en el epígrafe anterior (del mes 19 al 24).
Lo que supondría una cuota de autónomo en 2020 y con la cuota mínima 198,31 euros mensuales.
Con esta nueva Ley, en el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años (o menores de 35 años en el caso de mujeres) y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de efectos del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse (además de los beneficios en la cotización previstos en los apartados anteriores) una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos.
La cuota a bonificar sería la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.
Bien es sabido también que no sólo son autónomos los trabajadores que ejercitan una actividad empresarial en su propio nombre y derecho como empresario individual, sino también aquellos que:
Poseen al menos el 25% de las participaciones de una sociedad y desempeñan labores de dirección/gerencia en la misma.
Tienen al menos 33% de las participaciones y trabajan en la propia empresa.
No tienen participaciones pero conviven con un socio que tenga al menos el 50% de éstas.
A estes últimos se les denomina coloquialmente como “autónomos societarios”.
La Tesorería General de la Seguridad Social, desde un principio no permitió que los autónomos societarios accediesen a la Tarifa Plana, lo que se tradujo en que se vieron obligados a pagar la cuota íntegra sin descuentos.
Tras varias Sentencias del Tribunal Supremo, y especialmente tras la Sentencia 1669/2019 3 de diciembre de 2019, en que se reconoce a una trabajadora por cuenta propia dueña de una S.L.U. el derecho a acceder a la Tarifa Plana y, en concreto:
«Declaramos el derecho de la recurrente a la aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de reintegrar a la recurrente las diferencias de cotización consiguientes.»
Consolidándose esta doctrina, por otra sentencia de febrero de 2020.
La Tesorería General de la Seguridad Social viene a reconocer dicha posibilidad a las nuevas altas
¿PODEMOS RECUPERAR LO PAGADO DE MÁS”
Si, siempre que en su momento reuniéramos los requisitos necesarios para su concesión. Lo que cambia es el método para obtener dicha recuperación, que será distinto en función de la fecha en que se produjese el inicio de la actividad.
Es decir y simplificando, lo que se pagó de más en los últimos cuatro años, se solicita como devolución de ingresos indebidos.
Fuente: Iberley
HAN PASADO MÁS DE CUATRO AÑOS ¿PUEDO RECLAMAR?
También, en este caso, la posibilidad se fundamentaría en la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración derivada de la errónea aplicación de la Ley por parte de la Administración, y debería formularse la solicitud antes de transcurrido un año desde que se pone de manifiesto la lesión, que interpretado de la forma más favorable para el Administrado sería a partir de la segunda sentencia en febrero de 2020.
No obstante, esta vía, que entendemos que prosperará, no es evidentemente tan segura como en aquellos casos en que se trata de reclamación extrajudicial.
Si al leer este artículo te has visto reflejado en algún momento, no dudes en contactarnos. Juntos analizaremos tu situación y emprenderemos las medidas necesarias para reclamar tu dinero a la Administración.
La crisis del ladrillo, seguida ahora por el COVID, ha provocado que muchas personas dediquen la mayor parte de sus ingresos a pagar créditos y, luego, como no ganan lo suficiente, a pedir más créditos para llegar a fin de mes.
De esta forma, la deuda en lugar de reducirse, va incrementándose año tras año, empujando a los afectados a acudir a métodos «menos adecuados» de financiación.
Por citar un ejemplo, hemos recibido clientes que partiendo de un crédito para comprar un piso, han acabado debiendo grandes cantidades a entidades de “microcréditos” como CREDITEA o IDFINANCE, que llegan a tener intereses por encima del 100% anual (parece una broma, pero os aseguramos que no lo es).
Cuando estamos ante esta situación sólo existen dos opciones:
CONTINUAR IGUAL :
Y, entonces, el resultado es seguro: en un tiempo, mas pronto o más tarde, incumpliremos un pago, entraremos en una lista de morosos y nos dejarán de prestar dinero; incumpliremos otros pagos, y se establecerá una carrera entre los acreedores para embargar y subastar todo lo que tenemos.
BUSCAR UNA SOLUCIÓN:
Y para eso es necesario consultar su caso concreto con Candal Abogados, o con cualquier abogado especialista en derecho bancario y concursal, que dispone de los conocimientos y de los medios necesarios para encontrar una solución.
En caso de que acudas a Candal Abogados examinaremos las cláusulas de todos los créditos suscritos con el fin de determinar si existe alguna forma de anularlas.
Por ejemplo:
Si el interés pactado es muy elevado (superior al 20% anual), es posible que podamos aplicar la Ley de represión de la Usura, sólo tendremos que devolver el principal sin intereses; y si ya hemos pagado más de lo que nos habían prestado, nos devolverán la diferencia.
Si se pactaron comisiones de apertura o de reclamación de posiciones deudoras, etc y esas comisiones no se corresponden con servicios o gastos efectivos de la prestamista, es posible que dichas comisiones sean nulas y se puedan recuperar.
Si se han abonado los gastos de gestoría, registro, valoración y notaría de una hipoteca, se intentará recuperarlos.
Si con estas operaciones, resulta insuficiente para solucionar su situación personal, se valorará la forma de activar la segunda oportunidad, asesorándolo para plantear la Solicitud de Acuerdo Prejudicial de Pagos (notaría o registro de la propiedad) para renegociar la deuda con los acreedores.
En caso de que los acreedores no acepten las condiciones que, siendo razonables, se le propongan, o que los mediadores no acepten el cargo, procederíamos a la presentación de Concurso Consecutivo ante el Juzgado competente, en el que es posible que tras la liquidación, obtengamos la exoneración del pasivo insatisfecho; esto es, que “desaparezcan” las deudas anteriores.
Es decir, actualmente es posible quedar liberado de las deudas, si una vez vendido lo que tienes, no llega para pagarlas.
Actualmente, incluso es posible que, teniendo el deudor la vivienda en propiedad con una hipoteca; si la hipoteca garantiza un crédito por importe superior al que pueda percibirse vendiéndolo, el Administrador Concursal puede decidir que el concursado se quede con su vivienda pagando el crédito hipotecario y el Juez “perdonar” las otras deudas.
No lo dudes, estamos a tu disposición en Lalín y Lugo para resolver cualquier consulta sobre esta materia o cualquier otra cuestión jurídica de tu interés.
Tradicionalmente la abogacía ha considerado el Derecho de Empresa y el Derecho de Familia, dos áreas distintas y separadas del derecho. No obstante, la experiencia acumulada a lo largo de treinta años atendiendo asuntos de ambas ramas, nos han llevado a la conclusión de que ambas están íntimamente conectadas y que, en gran cantidad de ocasiones, no se puede ser un buen abogado/a de familia sin amplios conocimientos en derecho de empresa, y tampoco los conflictos empresariales son ajenos al derecho de familia.
Por ejemplo, si hacemos referencia a las particiones hereditarias o a los divorcios, siempre se tratan sobre la división de un patrimonio común; en estos casos, los conocimientos en derecho de empresa se vuelven imprescindibles para hacer valer en la partición elementos como la existencia de un negocio en funcionamiento, la clientela, el fondo de comercio, etc… Que tienen un indudable valor económico y que deben ser valorados y tenidos en cuenta en la partición.
Es más, actualmente gran parte de los negocios, incluidas la explotaciones agrícolas, se realizan a través de personas jurídicas (S.L., Cooperativas, S.A.T., etc…). El conocimiento en profundidad de la normativa que regula cada una de ellas es esencial para realizar una partición correcta jurídicamente y que garantice realmente la continuidad de los negocios.
Por otro lado, en materia del derecho de empresa, en Galicia, raro es el supuesto en que los socios y/o trabajadores no tienen un vínculo familiar, por lo que el conflicto empresarial y/o laboral es en múltiples ocasiones también un conflicto familiar que extiende sus consecuencias más allá de la empresa.
Otras veces la incógnita viene dada por la necesidad de garantizar la continuidad de la empresa cuando falte la persona que la ha creado y que la ha llevado a una situación de éxito empresarial, para ello se establecen los denominados protocolos de sucesión en empresas familiares que tratan de dejar resuelto el posible problema de falta de liderazgo en caso de fallecimiento del titular de la empresa.
Tampoco cabe olvidar en las rupturas de pareja, la necesidad de compensar el trabajo empleado por el miembro no titular del negocio, o la necesidad de hacer aflorar las ganancias reales de la empresa en aquellos casos en que los datos fiscales no son lo suficientemente concluyentes, en los que las normativas sobre encuadramiento de la Seguridad Social o de Tributos son decisivas.
Nuestra experiencia de más de 3 décadas en ambas áreas del Derecho nos avala y posiciona como referentes especialistas en empresa y familia.
No lo dudes, deja los temas serios en manos de profesionales responsables y altamente capacitados como nuestro Equipo.
En los tiempos que corren, en los que las reformas legislativas, económicas y del mercado laboral están a la orden del día, se hace más importante que nunca la figura del abogado de empresa.
Se trata de un apoyo imprescindible a la hora de adaptación de la empresa a cualquier novedad o cambio de carácter legislativo o normativo, factor de gran relevancia para el correcto desarrollo y consecuente crecimiento de cualquier empresa o negocio, independientemente del sector o la forma en que desarrolle su actividad.
Son muchos los ámbitos en los que puede operar un abogado de empresa, como la elaboración de contratos, cuestiones legales propias o para con otras empresas o trabajadores, asesoramiento en la firma de convenios, protección de la propiedad intelectual y de datos, resolución de conflictos internos y externos, etc.
Además, un abogado es el único que está habilitado para representarte a tí o a tu empresa frente a particulares y otras entidades en caso de ser necesario.
En definitiva, el abogado de empresa presta una amplísima gama de servicios. Actúa como asesor y consejero legal en todos los ámbitos empresariales, y trabaja para evitar posibles problemas con la administración, así como para buscar las mejores oportunidades y soluciones para tu empresa.
Si después de leer esto todavía no tienes claro si tu empresa necesita o no un abogado, ponte en contacto con nosotros. En Candal Abogados estaremos encantados de resolver todas tus dudas.
Desde hace unos meses se viene oyendo y leyendo mucho ruido sobre el Cártel de la Leche y la posibilidad por parte de los titulares de explotaciones lácteas, de obtener indemnizaciones millonarias de las empresas de transformación, este post pretende dar una información simple y clara sobre el mismo.
ANTECEDENTES
El 11 de Julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto el expediente S/0425/12 imponiendo sanciones a las empresas del denominado “cártel de la leche”, es decir: considera probado queprácticamente todas las empresas lácteas se pusieron de acuerdo para pagar menos por la leche a los productores desde el año 2000, hasta el año 2013.
El acuerdo había sido adoptado por la mayor parte de las empresas lácteas, de hecho, la resolución sanciona a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual,Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España con multas importantes. Y además establece que Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana también han participado pero sus infracciones ya prescribieron, evitando la multa.
¿QUIÉN PUEDE RECLAMAR?
Podrán reclamar todos aquellos propietarios de explotaciones y ganaderos individuales que hubiesen tenido como compradoras a alguna de las industrias lácteas nombradas en la resolución anteriormente reseñadadurante los ejercicios económicos de 2000 a 2013. No es necesario acreditar operaciones todos los años de duración del cártel, se podría reclamar por todo el período de duración del cártel, por cualquiera de los ejercicios, de igual forma también podrían reclamar aquellas explotaciones que hayan cerrado o que en la actualidad no estén inactivas, siempre y cuando se acredite y se justifique documentalmente el daño ocasionado durante el periodo del cártel.
¿CUÁNTO PUEDE RECLAMAR?
El perjuicio económico que le hubiese causado dicho acuerdo entre las empresas lácteas, es decir, lo que se cobró de menos por cada litro de leche vendido, más los intereses legales devengados desde cada venta de leche.
Esto se calcula mediante una prueba pericial que no está al alcance de cualquiera pues requiere conocimientos económicos especializados en estadística, matemáticas financieras, econometría, macroeconomía y microeconomía, toda vez que será necesario comparar los precios por los que se vendió la leche en cada momento concreto, con los precios de la leche en mercados no afectados por el cártel, y cuantificar la cantidad correspondiente a cada ganadero o productor, en función de las toneladas vendidas y la fecha de transmisión.
La estimación preliminar realizada por algunos peritos señala que se podrán reclamar en torno a tres céntimos por litro de leche vendida durante los 14 años que duró el cártel; de ahí llegan a concluir que la reclamación en una explotación láctea de 100 cabezas, podría recuperar en torno a los 300.000 €
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RECLAMAR?
Aunque el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, señaló la paralización de los plazos de caducidad y de prescripción durante el estado de alarma, existen voces autorizadas que sostienen que el plazo de prescripción no se interrumpió por ser el Real Decreto de rango insuficiente para derogar una ley, motivo por el cual se recomienda realizar una reclamaciónextrajudicial antes del día 11 de julio de 2020, lo cual se puede hacer mediante una comunicación fehaciente a cualquiera o a todos las industrias afectadas.
Es lo cierto que la Ley de Defensa de la Competencia señala un plazo de cinco años, pero los Juzgados están aplicando en este tipo de reclamaciones la directiva de Daños 104/2014 y el plazo que se establece en el Código Civil en acciones extracontractuales que es de un año desde la publicación de la decisión de la CNMC, la cual como antes hemos mencionado ha sido publicada el 11 de Julio de 2019.
No obstante, creemos poco probable que los Juzgados establezcan una interpretación contraria a lo que establece el Real Decreto, por lo que, en caso de que se nos pase el plazo del 11 de julio, la interrupción de la prescripción durante los tres meses siguientes probablemente será eficaz, es barata, y se puede esperar a ver qué interpretación prevalece antes de formalizar la reclamación judicial.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL DAÑO
Es necesario acreditar las ventas de leche realizadas a las entidades integrantes del cártel entre los años 2000 y 2013. También es conveniente, pero no imprescindible aportar las ventas realizadas antes y después de dicha fecha, pues puede servir de indicio sobre la afectación del precio.
¿SE PUEDE RECLAMAR POR LAS VENTAS POSTERIORES A 2013?
Sí, pero no es recomendable.
Durante el período 2000-2013, no es necesario probar la existencia del acuerdo de las industrias, porque la existencia de la resolución de la Comisión de la Competencia supone prueba suficiente.
Toda reclamación de cantidades por ventas posteriores requerirá probar que el cártel continuó existiendo con posterioridad a 2013, prueba que probablemente resultará imposible para un particular.
Esperamos que estas breves notas sirvan para clarificar y orientar un poco sobre este tema; en caso de que consideren que han sido afectados por el cártel, no duden de consultarnos sus dudas sobre este tema que, como expertos en Derecho Mercantil, les responderemos sin compromiso.
El criterio general que se ha venido aplicando por los Tribunales era que la cláusula suelo incluida en un contrato con una empresario, o con finalidad empresarial, siempre que fuese gramaticalmente transparente, no era susceptible de ser declarado nula, al contrario que en los contratos con los consumidores, en los que, salvo que la entidad bancaria acreditase que se habían realizado diversas comunicaciones y advertencias, que permitiesen a un consumidor medio conocer el alcance de la cláusula, y que nunca se habían hecho, se declaraban nulas y sin efecto.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo del 11/03/2020, viene a moderar esa interpretación tan restrictiva y declara la nulidad de la cláusula suelo de un crédito hipotecario suscrito en 2012 por un particular con ABANCA, con la finalidad de comprar una plaza de Taxi, teniendo como criterio el hecho de que el Banco no había cumplido los requisitos de la Orden EHA 2899/2011 de 28 de octubre, en concreto entregar al prestatario la Ficha de Información Personalizada que el Banco debe entregarle antes de firmar el contrato, y el notario no había advertido de la inclusión de dicha cláusula.
Esto abre la posibilidad de plantear la nulidad de la cláusula suelo de aquellos préstamos hipotecarios suscritos por empresas, con fundamento en la falta de transparencia de los documentos precontractuales que el banco debía suministrar a la empresa.
Es necesario explicar que no siempre va a ser nula la cláusula suelo, sólo y exclusivamente cuando se acredite que el banco no informó previamente a la empresa, de forma clara y comprensible de la inclusión de dicha cláusula.
Para evaluar si es posible realizar tal reclamación, es necesario estudiar detalladamente los antecedentes de cada caso y la documentación de que se dispone sobre tales circunstancias.
Aparte de las fases de desconfinamiento, el Consejo de Ministros del día 28 incluyó la aprobación de una serie de medidas en materia de Administración de Justicia, entre la que se encuentra una regulación especial para los concursos de acreedores, pasados, presentes y futuros que se vean afectados por la crisis de la pandemia que se han publicado en el BOE.
Entre ellas destaco las siguientes, que considero más relevantes:
MEDIDAS PARA EMPRESAS CONCURSADAS QUE SE ENCONTRABAN CUMPLIENDO EL CONVENIO ALCANZADO CON LOS ACREEDORES:
Se posibilita legalmente tramitar una modificación del convenio por alteración sobrevenida de las circunstancias como consecuencia de la crisis de la Pandemia, durante el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, esto es, hasta el 14 de marzo de 2021.
Se establece un período de seis meses, hasta el 14 de septiembre de 2020, en el que el juez notificará a la empresa concursada las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio, y no las podrá admitir a trámite hasta el 14 de diciembre, durante esos tres meses (entre septiembre y diciembre) la empresa que incumple el convenio puede iniciar el procedimiento anterior.
Aunque la empresa conozca la imposibilidad de cumplir el convenio, el concursado no tiene la obligación de solicitar la liquidación hasta transcurrido el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, siempre que presente una nueva propuesta de convenio.
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES (art. 11)
Se suprime la obligación de solicitar concurso de acreedores hasta el 31/12/2020, y no se tramitarán las demandas de concurso necesario que hubiesen presentado los acreedores desde la declaración del estado de alarma hasta dicha fecha. Aunque un acreedor presente durante este tiempo concurso necesario, siempre que el deudor presente el concurso voluntario antes de dicha fecha se tramitará el voluntario y no el necesario.
LAS OPERACIONES DE INGRESOS DE TESORERIA CON APORTACIÓN DE RECURSOS AJENOS
PERSONAS ESPECIALMENTE VINCULADOS DESDE EL 14/03/2020 A LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO EN CONCURSOS QUE SE DECLAREN ANTES DEL 14/03/2022
Se considerarán créditos ordinarios los realizados desde el 14 de mayo de 2020 hasta la declaración del concurso, en los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2022, por lo que, entiendo que tendrán derecho de voto en elconvenio.
Esto facilita la autofinanciación de los socios, que no ven desincentivada la inversión de dinero para mantener la empresa en funcionamiento y reactivar su situación financiera.
El Decreto, señala como determinante “ingresos de tesorería”, por lo que lo más relevante será el momento del ingreso, más que cualquier otro.
Lo mismo ocurrirá cuanto una persona vinculada adquiera los créditos que un tercero tenga contra la concursada, se considerarán ordinarios. Hay que tener cuidado en que si una persona vinculada adquiere un crédito privilegiado (por ejemplo uno con garantía hipotecaria), dicho privilegio desaparece igualmente; se le calificará como ordinario.
CUALQUIER PERSONA DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO O DE SU MODIFICACIÓN ANTES DEL 14/03/2022
Se considerarán créditos contra la masa, los créditos desembolsados por cualquier entidad o persona, incluso los propios socios de la empresa o su familia, a cualquier persona o entidad que alcanzara convenio concursal o lo modificara durante los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, esto es que alcanzara convenio o lo modificara antes del 14 de marzo de 2022; será calificado como crédito contra la masa; es decir, se le pagará con preferencia a cualquier crédito concursal preexistente o posterior al convenio que se califique como ordinario o privilegiado general.
A la espera de mejor criterio, esa preferencia abarcaría la totalidad de los préstamos que se hicieran a partir del convenio, y durante la vigencia del convenio, hasta su cumplimiento.
Al tratarse de un Decreto-Ley, es posible que se vea modificado en su tramitación posterior parlamentaria, o por otras medidas posteriores, pero la posibilidad de modificar convenios concursales anteriores, y las ventajas para las aportaciones por personas vinculadas, han de considerarse medidas muy apropiadas para fomentar que las personas físicas a las que pertenezcan las empresas, decidan invertir sus ahorros en reflotarlas.
El tiempo dirá si estas medidas son eficaces.
ADVERTENCIA IMPORTANTE: Este documento es una mera nota informativa que no tiene carácter de dictamen y que contiene un primer resumen y opinión sobre una norma publicada en el día de hoy en el BOE. La aplicación práctica de dicha norma no necesariamente se ajustará a las opiniones que expresa su autor.
El Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, prevé un procedimiento especial, provisional, urgente y simplificado para modificar las medidas definitivas adoptadas en procedimientos de divorcio y de custodia de menores en procedimientos anteriores, cuando se hayan producido modificaciones sustanciales en las circunstancias tenidas en cuenta derivadas de la pandemia.
Por ejemplo, el dueño de un bar, que va a ver reducidos sus ingresos por las medidas de restricción que se van a establecer en cuanto al aforo de su establecimiento, podrá solicitar reducciones de la pensión alimenticia que pase a sus hijos; o, al contrario, si el progenitor custodio ha visto reducido permanentemente sus ingresos, podrá pedir un aumento de la pensión.
Dada la afectación económica que se prevé por el COVID-19, es muy probable que se produzcan multitud de reclamaciones en este sentido.
Ese mismo procedimento abreviado se prevé para solventar las descompensaciones que se hayan producido en los casos de custodia compartida, durante el confinamiento.
